 |
Diálogo Iberoamericano
Núm. 17-18 / spbre-diciembre 1998. Pág.
3
|  |
Los rectores españoles reclaman una
política de estado para afrontar los retos de la
universidad del nuevo milenio
El gasto total en el sistema universitario español
debería pasar de los 600 mil millones actuales
(4.200 mill. $ aprox.) a un billón de pesetas (7.200
mill. $ aprox.)
Las Universidades españolas reclaman una
política de Estado para afrontar los retos de la
Universidad del nuevo milenio. Esta política de
Estado, que ha de ser estable y por tanto tener una
proyección en el tiempo, permitiría
garantizar los niveles de calidad y excelencia del sistema
universitario español, en el nuevo siglo.
Redacción. D.I. Esta fue la idea que puso de
manifiesto el Presidente de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, en
su comparecencia ante los medios de comunicación, con
motivo del inicio del curso académico universitario. El
Presidente de la CRUE hizo un llamamiento a la sociedad
española y a las instituciones del propio Estado, que
"deben comprometerse con la Universidad y entender que
ésta es una de las instituciones fundamentales para su
desarrollo".
Los Rectores españoles entienden que, para mantener
e incrementar el desarrollo de esta Universidad de calidad y
excelencia, es necesario revisar la financiación del
sistema universitario español y establecer un marco
estatal, en el Parlamento, que fije los mínimos de
financiación de las Universidades. "Todos sabemos que la
financiación de las Universidades, en estos momentos,
depende de las decisiones de las Comunidades Autónomas
pero consideramos que debería también existir un
marco en el Estado que evite una excesiva divergencia
-afirmó Saturnino de la Plaza-".
"Este marco estatal de mínimos debería
contemplar el incremento del gasto público en Universidad,
de tal manera que se pueda converger con los países
más desarrollados de nuestro entorno -continuó el
Presidente de la CRUE-. En estos momentos -señaló-
el gasto total universitario está en torno a los 600.000
millones de pesetas y, en un plazo razonable y dentro de una
programación plurianual, debería incrementarse en
unos 400.000 millones".
Diversos indicadores reflejan que la Universidad
española se encuentra en una mala situación frente
a los sistemas universitarios de otros países de nuestro
entorno. La media del gasto en enseñanza superior de los
países de la OCDE está, según las
últimas estadísticas publicadas, en el 1'5% del PIB
mientras que en España se sitúa en el 1%; en gasto
por estudiante, España está en 4.000 dólares
y la media de los países de la OCDE está en 8.000
dólares. "Creemos que estas cifras justifican la gran
preocupación que tiene la CRUE en estos momentos
-afirmó Saturnino de la Plaza-. El nivel de calidad de la
Universidad española no es sostenible en un entorno
financiero como en el que se encuentran hoy las Universidades
españolas -añadió-".
Los retos inmediatos
El Presidente de los Rectores españoles apuntó
los cambios más inmediatos que deben producirse en la
Universidad española. En este sentido se refirió
a la adecuación de las enseñanzas a las necesidades
de formación que la sociedad precisa "para lo cual hay que
reforzar toda la infraestructura, sobre todo docente,
equipamiento de laboratorios, de seminarios, de aulas
informáticas y del conjunto de comunicaciones, -dijo". "La
Universidad tiene un papel importante que cumplir cuando hablamos
de formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, del
reciclaje de los profesionales, de la formación continuada
y cuando hablamos de nuevas tipologías de alumnos,
estudiantes mayores de 25 años, titulados que buscan una
nueva titulación y alumnos a tiempo parcial". Se
refirió, igualmente, a la extensión de la
Universidad hacia la población no universitaria, que hoy
puede acceder al conocimiento y a la Universidad a través
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Saturnino de la Plaza señaló que la
Universidad tiene que estar vinculada, cada vez más, a su
entorno social y económico, a través de las
actividades de investigación y desarrollo que realice,
"debe producirse un mayor encuentro entre la oferta de I+D que
hacen las Universidades y la demanda de los sectores productivos,
que hoy en algunos aspectos es distante. Y, desde los
Departamentos universitarios, debemos también incidir
más en la participación de la Universidad en los
procesos de innovación tecnológica de las propias
empresas -concluyó-".
Los Rectores españoles, por segundo año
consecutivo, incluyeron un texto común en sus discursos
de apertura de curso. Reproducimos íntegro este
documento:
Propuesta para los actos de apertura del curso
1998-99
Al comienzo del curso 1997-1998, los Rectores de las
Universidades españolas señalamos algunas
circunstancias que suscitaban una preocupación
generalizada en la comunidad universitaria. Un año
después, se ha avanzado en algunas de las cuestiones
entonces planteadas, como la reforma de los planes de estudio y
del tercer ciclo, aunque con un retraso que ha provocado que, en
el curso que inauguramos, sólo el 10 % del total de los
planes existentes en las Universidades han podido beneficiarse
del nuevo marco legislativo.
Pese a estos avances, continúa sin conocerse
oficialmente cuál es la política universitaria del
Ministerio de Educación y Cultura. La falta de
definición ministerial, tras casi dos años y medio
de legislatura, sigue generando incertidumbre y dificultando la
racional programación de la actividad de las
Universidades.
En su discurso con motivo de la apertura del curso
académico 1997-1998, en la Universidad de Córdoba,
la Sra. Ministra de Educación y Cultura ofreció a
las fuerzas políticas y sociales un Pacto de
Modernización Universitaria. La Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas, con la voluntad de poder
contribuir a este Pacto, ha promovido la realización de
un estudio sobre la situación actual y perspectivas de
futuro de la enseñanza superior, para el que esperamos
contar con el patrocinio y participación del Parlamento,
como garantía de representación de la voluntad
popular, elemento imprescindible en el diseño y acuerdo
de políticas de Estado de largo alcance.
Pero esta iniciativa no puede hacer olvidar los graves
perjuicios que está ocasionando la lentitud y poca
transparencia con que parece tramitarse la modificación
del Título V de la LRU, ni la necesidad de prever la
financiación adecuada para la aplicación de la
reforma. Sin esta financiación no se hará sino
agravar un problema que desde hace años está
afectando muy negativamente al desarrollo de la actividad
universitaria.
Las Universidades españolas, las peor financiadas de
la Unión Europea si exceptuamos a Grecia, precisan del
establecimiento de un marco estatal de mínimos que, fruto
del pacto entre la Administración del Estado y las
comunidades autónomas, garantice la calidad y
competitividad de nuestras Instituciones en el contexto
internacional y equipare su financiación con las de
nuestro entorno.
La cantidad a compensar a las Universidades por los menores
ingresos que les viene ocasionando la nueva definición de
familia numerosa alcanzará este curso del orden de los
32.000 millones de pesetas -frente a los sólo 7.000
millones aprobados este año y que todavía no han
comenzado a distribuirse- agudizando aún más la
situación.
En cuanto a la coordinación del sistema universitario
español es necesario encontrar, de manera urgente,
fórmulas que permitan conseguir una satisfactoria
relación entre los aspectos académicos y
político-económicos en el seno del Consejo de
Universidades. La ausencia de rigor académico en algunos
de los nuevos proyectos universitarios que se han sometido a la
consideración del Consejo, tal como se ha señalado
por la Comisión Académica en sus informes
preceptivos, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de
garantizar la calidad del servicio público de la
educación superior universitaria.
Retorno página anterior