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Diálogo Iberoamericano

Núm. 11-12 / spbre.-diciembre 1997. Pág. 15

Costa Rica promueve educación pacifista

Buscar soluciones a la violencia en todas sus manifestaciones es la gran tarea que tiene por delante la Universidad para la Paz, una institución internacional con sede en Costa Rica que impulsa la educación pacifista desde sus aulas.

Odalys Rivera (Diálogo-Universidad de Puerto Rico). / "Para evitar las guerras y construir la paz hay que invertir desde la educación, no sólo para la preparación de especialistas en técnicas de resolución pacíficas, sino para el establecimiento de sociedades justas, sociedades respetuosas de los derechos humanos", manifestó el doctor Francisco Barahona, rector de la Universidad para la Paz, durante su reciente visita a la isla.
La entidad, establecida en 1978 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, combate la exaltación del militarismo e impulsa una visión diferente en la solución de los conflictos sociales.
A los alumnos se les instruye sobre "Técnicas pacíficas para la prevención y resolución de conflictos", "Derechos humanos", "Educación para la paz", "Ecología para la paz" y "Comunicación para la paz", que son las concentraciones que conforman los cinco programas de maestría que ofrece la universidad especializada en estudios graduados.
La entidad costarricense no se limita al asunto militar sino que abarca todos los aspectos que llevan al individuo a la violencia social. El programa de resolución pacifista de conflictos, por ejemplo, orienta desde cómo los maestros pueden resolver conflictos en sus aulas, hasta cómo negociar entre los diferentes intereses de la sociedad civil y los conflictos de tipo internacional.
Los programas de "Ecología para la paz" y "Comunicación para la paz", también sobresalen por su amplio enfoque. El primero de estos estudia alternativas para situaciones en las que la utilización de recursos naturales produce reacciones violentas. En cambio, impulsa la construcción de relaciones armónicas entre el ser humano y la naturaleza.
El programa de "Comunicación para la paz" orienta a los periodistas a ejercer un periodismo responsable en la cobertura de hechos violentos. El grado es prácticamente una vacuna contra el periodismo amarillista.
La Universidad para la Paz también se ha involucrado en trascendentales proyectos como la propuesta del Tratado de Estipulas, que inició el proceso de pacificación centroamericana en el 1990. Esta iniciativa, según Barahona, le permitió a la institución trabajar más allá de sus ofrecimientos de postgrado.
Entre otros proyectos destaca uno relacionado con la violencia juvenil en Belice. El proyecto facilitó que se firmara un acuerdo de respeto mutuo, y la policía se comprometió a mejorar el trato hacia los jóvenes. El gobierno, por su parte prometió establecer programas de apoyo social para ayudar a los jóvenes a buscar empleo y facilitarles capital para el desarrollo de pequeñas empresas. "La dinámica fue tan interesante que algunos de los policías adoptaron a algunos de estos muchachos para ayudarlos en sus estudios. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo perdón", recordó.
La Universidad para la Paz cuenta con 550 profesores asociados alrededor del mundo. Ubica en el último bosque primario en el Valle Central de Costa Rica, a cinco kilómetros de San José. La entidad, que opera con contribuciones voluntarias de varios gobiernos y fundaciones benéficas, también impulsa sus ofrecimientos académicos en universidades de otros países. De hecho, existe ya un acercamiento para trasladar esta experiencia al Recinto de Río Piedras de la UPR.

Referencia: Universidad de la Paz. P.O. Box 138-6100 Ciudad Colón, San José, Costa Rica.


La violación de derechos humanos no se limita a Latinoamérica y países subdesarrollados


Sonia López (Gaceta-Universidad Nacional Autónoma de México). / Javier Zúñiga, director del Programa para las Américas del Secretariado de Amnistía Internacional, señaló en la conferencia Derechos Humanos en las Américas y en México que en algunos países desarrollados se practica la pena de muerte que, en muchas ocasiones, responde a intereses de carácter político y diversos estudios demuestran que se aplica primordialmente contra integrantes de grupos minoritarios y pobres; asimismo, destacó que el principal responsable de que se respeten los derechos humanos es el Estado.

El principal responsable de que se respeten los derechos humanos es el Estado, por ello, la violación de los mismos constituye "un delito gubernamental". Lamentablemente no se ha definido quién debe ocuparse de este tipo de delincuencia, quién fiscaliza al Estado, advirtió el doctor Javier Zúñiga, director del Programa para las Américas del Secretariado de Amnistía Internacional, con sede en Londres.
En la conferencia magistral "Derechos Humanos en las Américas y en México", impartida recientemente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Zúñiga explicó que "los derechos humanos son inalienables al hombre y conforman el patrimonio de todos los individuos; en su defensa no se requieren necesariamente intermediaciones".
En la conferencia, organizada por Amnistía Internacional Sección México y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la mencionada Facultad, el ponente señaló que la violación de los derechos humanos no se limita a América Latina y a los países subdesarrollados. Una muestra es la pena de muerte que está institucionalizada en algunos países desarrollados.
Es "una violación al derecho a la vida, a tener un juicio imparcial y a ser escuchado por una instancia superior". Además, se ha demostrado que la pena capital responde muchas veces a intereses de carácter político, como ganar votantes, y diversos estudios demuestran que se aplica primordialmente contra integrantes de grupos minoritarios y pobres.

Signos positivos en Latinoamérica
En los últimos años, en Latinoamérica se han producido cambios positivos en la defensa de los derechos humanos: la desaparición de dictaduras militares abiertas; la creación de comisiones nacionales de derechos humanos de carácter gubernamental y las defensorías del pueblo en países como México y Colombia.
Sin embargo, en la actualidad, en el marco de un poder económico universal llamado "neoliberalismo", se han ignorado los acuerdos de paz firmados por países latinoamericanos que consagran a los derechos humanos y aceptan su fiscalización por parte de la ONU. En vísperas del siglo XXI, presenciamos el resurgimiento de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.
El desarrollo económico y la competencia comercial se han vuelto prioritarios para los gobiernos latinoamericanos, que a menudo se olvidan de hacer inversiones financieras y humanas para mejorar sus sistemas de justicia.
Asimismo, en Latinoamérica el ejército se ha retirado de los cargos gubernamentales pero no de la escena política; sigue ejerciendo un poder real, por ejemplo, no hay esfuerzos serios por eliminar el fuero militar en delitos constitutivos de violación de los derechos humanos. Diversos gobiernos civiles latinoamericanos tienen la tentación -por razones de gratificación pública- de acudir al ejército para efectuar actos de seguridad pública.
Lo anterior puede considerarse como "el error más grande que puede cometerse al respecto, ya que el ejército no está entrenado ni capacitado para tener contacto con actos criminales, además, no se ha definido quién los fiscalizaría en caso de abuso", concluyó el doctor Zúñiga.


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