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Diálogo Iberoamericano
Núm. 11-12 / spbre.-diciembre 1997. Pág.
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Costa Rica promueve educación pacifista
Buscar soluciones a la violencia en todas sus manifestaciones
es la gran tarea que tiene por delante la Universidad para la
Paz, una institución internacional con sede en Costa
Rica que impulsa la educación pacifista desde sus
aulas.
Odalys Rivera (Diálogo-Universidad de Puerto
Rico). / "Para evitar las guerras y construir la paz hay
que invertir desde la educación, no sólo para la
preparación de especialistas en técnicas de
resolución pacíficas, sino para el
establecimiento de sociedades justas, sociedades respetuosas
de los derechos humanos", manifestó el doctor Francisco
Barahona, rector de la Universidad para la Paz, durante su
reciente visita a la isla.
La entidad, establecida en 1978 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, combate la
exaltación del militarismo e impulsa una visión
diferente en la solución de los conflictos
sociales.
A los alumnos se les instruye sobre "Técnicas
pacíficas para la prevención y resolución
de conflictos", "Derechos humanos", "Educación para la
paz", "Ecología para la paz" y "Comunicación
para la paz", que son las concentraciones que conforman los
cinco programas de maestría que ofrece la universidad
especializada en estudios graduados.
La entidad costarricense no se limita al asunto militar
sino que abarca todos los aspectos que llevan al individuo a
la violencia social. El programa de resolución
pacifista de conflictos, por ejemplo, orienta desde
cómo los maestros pueden resolver conflictos en sus
aulas, hasta cómo negociar entre los diferentes
intereses de la sociedad civil y los conflictos de tipo
internacional.
Los programas de "Ecología para la paz" y
"Comunicación para la paz", también sobresalen
por su amplio enfoque. El primero de estos estudia
alternativas para situaciones en las que la utilización
de recursos naturales produce reacciones violentas. En cambio,
impulsa la construcción de relaciones armónicas
entre el ser humano y la naturaleza.
El programa de "Comunicación para la paz" orienta
a los periodistas a ejercer un periodismo responsable en la
cobertura de hechos violentos. El grado es
prácticamente una vacuna contra el periodismo
amarillista.
La Universidad para la Paz también se ha
involucrado en trascendentales proyectos como la propuesta del
Tratado de Estipulas, que inició el proceso de
pacificación centroamericana en el 1990. Esta
iniciativa, según Barahona, le permitió a la
institución trabajar más allá de sus
ofrecimientos de postgrado.
Entre otros proyectos destaca uno relacionado con la
violencia juvenil en Belice. El proyecto facilitó que
se firmara un acuerdo de respeto mutuo, y la policía se
comprometió a mejorar el trato hacia los
jóvenes. El gobierno, por su parte prometió
establecer programas de apoyo social para ayudar a los
jóvenes a buscar empleo y facilitarles capital para el
desarrollo de pequeñas empresas. "La dinámica
fue tan interesante que algunos de los policías
adoptaron a algunos de estos muchachos para ayudarlos en sus
estudios. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo
perdón", recordó.
La Universidad para la Paz cuenta con 550 profesores
asociados alrededor del mundo. Ubica en el último
bosque primario en el Valle Central de Costa Rica, a cinco
kilómetros de San José. La entidad, que opera
con contribuciones voluntarias de varios gobiernos y
fundaciones benéficas, también impulsa sus
ofrecimientos académicos en universidades de otros
países. De hecho, existe ya un acercamiento para
trasladar esta experiencia al Recinto de Río Piedras de
la UPR.
Referencia: Universidad de la Paz. P.O. Box 138-6100 Ciudad
Colón, San José, Costa Rica.
La violación de derechos humanos no se limita a
Latinoamérica y países subdesarrollados
Sonia López (Gaceta-Universidad Nacional
Autónoma de México). / Javier
Zúñiga, director del Programa para las
Américas del Secretariado de Amnistía
Internacional, señaló en la conferencia Derechos
Humanos en las Américas y en México que en
algunos países desarrollados se practica la pena de
muerte que, en muchas ocasiones, responde a intereses de
carácter político y diversos estudios demuestran
que se aplica primordialmente contra integrantes de grupos
minoritarios y pobres; asimismo, destacó que el
principal responsable de que se respeten los derechos humanos
es el Estado.
El principal responsable de que se respeten los derechos
humanos es el Estado, por ello, la violación de los
mismos constituye "un delito gubernamental". Lamentablemente
no se ha definido quién debe ocuparse de este tipo de
delincuencia, quién fiscaliza al Estado,
advirtió el doctor Javier Zúñiga,
director del Programa para las Américas del
Secretariado de Amnistía Internacional, con sede en
Londres.
En la conferencia magistral "Derechos Humanos en las
Américas y en México", impartida recientemente
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el
doctor Zúñiga explicó que "los derechos
humanos son inalienables al hombre y conforman el patrimonio
de todos los individuos; en su defensa no se requieren
necesariamente intermediaciones".
En la conferencia, organizada por Amnistía
Internacional Sección México y el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la mencionada Facultad, el
ponente señaló que la violación de los
derechos humanos no se limita a América Latina y a los
países subdesarrollados. Una muestra es la pena de
muerte que está institucionalizada en algunos
países desarrollados.
Es "una violación al derecho a la vida, a tener un
juicio imparcial y a ser escuchado por una instancia
superior". Además, se ha demostrado que la pena capital
responde muchas veces a intereses de carácter
político, como ganar votantes, y diversos estudios
demuestran que se aplica primordialmente contra integrantes de
grupos minoritarios y pobres.
Signos positivos en Latinoamérica
En los últimos años, en
Latinoamérica se han producido cambios positivos en la
defensa de los derechos humanos: la desaparición de
dictaduras militares abiertas; la creación de
comisiones nacionales de derechos humanos de carácter
gubernamental y las defensorías del pueblo en
países como México y Colombia.
Sin embargo, en la actualidad, en el marco de un poder
económico universal llamado "neoliberalismo", se han
ignorado los acuerdos de paz firmados por países
latinoamericanos que consagran a los derechos humanos y
aceptan su fiscalización por parte de la ONU. En
vísperas del siglo XXI, presenciamos el resurgimiento
de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.
El desarrollo económico y la competencia comercial
se han vuelto prioritarios para los gobiernos
latinoamericanos, que a menudo se olvidan de hacer inversiones
financieras y humanas para mejorar sus sistemas de
justicia.
Asimismo, en Latinoamérica el ejército se
ha retirado de los cargos gubernamentales pero no de la escena
política; sigue ejerciendo un poder real, por ejemplo,
no hay esfuerzos serios por eliminar el fuero militar en
delitos constitutivos de violación de los derechos
humanos. Diversos gobiernos civiles latinoamericanos tienen la
tentación -por razones de gratificación
pública- de acudir al ejército para efectuar
actos de seguridad pública.
Lo anterior puede considerarse como "el error más
grande que puede cometerse al respecto, ya que el
ejército no está entrenado ni capacitado para
tener contacto con actos criminales, además, no se ha
definido quién los fiscalizaría en caso de
abuso", concluyó el doctor Zúñiga.
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