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La pena de muerte ¿Vale la pena?

"Hemos construido una maquinaria que es extremadamente costosa, que abruma a nuestras instituciones legales, que impone reiterados traumas a las familias de la víctimas y que, a la larga, no produce lo beneficios que cabría esperar de un sistema eficaz de pena de muerte... Esto es, sin duda, el peor de todos los mundos".
José I. Alameda Lozada. Diálogo Unv. Puerto Rico. / El tema de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico ha resurgido nuevamente como consecuencia de varios actos de violencia en donde miembros del cuerpo de la policía han perdido la vida a manos de delincuentes.
La visión clásica que señala la pena de muerte actuando como un factor disuasivo descansa en los siguientes supuestos: (1) quitar la vida al sentenciado es un acto racional; (2) hace que otros delincuentes, por miedo a perder su vida, eviten cometer delitos sujetos a ser penalizados con tal sentencia; (3) los delincuentes que deciden privar la vida a otro ser humano no son rehabilitables; y, (4) estas personas sólo merecen morir a manos del estado.
Otro punto que suelen considerar los defensores de la pena de muerte es que la misma es costo-efectiva. Considerando la sobrepoblación penal en las cárceles y los costos de mantener cerrado al confinado, la pena de muerte es entonces, la solución más barata y efectiva.
Veamos ambos puntos: la pena de muerte como disuasivo, y el costo de la pena de muerte.
¿Detiene la pena de muerte los crímenes?
 Varios estudios han tratado de examinar si la pena de muerte actúa como un disuasivo efectivo o, si por el contrario, es mejor una sentencia en prisión cuando el delito cometido lo amerita. El primer estudio en esta dirección fue realizado por Robert Dann en 1935. Dann, al examinar el número de crímenes cometidos sesenta días después de la ejecución de cinco sentenciados que recibieron mucha publicidad, encuentra que los crímenes aumentaron en vez de reducirse. Estudios posteriores que siguieron la misma metodología llegaron a una conclusión similar. Una posible explicación a este fenómeno descansa en el efecto brutalizante que establece que los criminales se motivan para retar la pena de muerte cuando esta recibe atención de parte de las autoridades y del público. Tal parece que dicen "la brutalidad se paga con brutalidad".
Otros estudios realizados por Karl Schuessler (1952), tratan de encontrar una asociación entre la tasa de homicidios y el riesgo de ejecución (número de ejecutados por cada 1,000 homicidios). Este autor no encuentra relación entre la criminalidad y la pena de muerte en once estados de Estados Unidos. Además, trata de encontrar una asociación similar para la Comunidad Europea antes y después de haberse abolido la pena de muerte. Nuevamente, el resultado es negativo; no hay evidencia que sustente una reducción en el crimen producto de la pena capital.
Sendos estudios hechos por Sellin (1959) y Reckless (1969) establecen que aquellos estados que mantienen la pena de muerte tienen virtualmente la misma tasa de homicidios que aquellos que no la tienen. Sellin también examinó la tasa de homicidios en los estados antes y después de abolir la pena de muerte y encuentra que no existe diferencia significativa entre ambos períodos.
Más recientemente, un estudio llevado a cabo por Archer, Garther y Beitel (1983) para 14 naciones alrededor del mundo, muestra que los crímenes se redujeron una vez la pena de muerte fue abolida en éstos.
Por otro lado, un estudio de R. Paternoster (1983) en el estado de Carolina del Sur, añade la dimensión racial a la pena de muerte. El estudio demuestra que los negros que cometen crímenes contra los blancos tienen 4.5 veces más riesgo de ser procesados hacia la pena de muerte que los blancos que cometen crímenes contra los negros. Además encuentra que la probabilidad de una sentencia de muerte para un negro que mata a un blanco es 0.486, mientras para un blanco que mata a un negro, es 0.438.
Sólo un estudio, llevado a cabo por el economista Isaac Ehrlich (1975), tiende a corroborar la tesis de que la pena de muerte reduce el crimen. Un resultado interesante de su estudio es que la posibilidad de encontrar empleo en el mercado laboral es un disuasivo a la incidencia criminal. Sin embargo, un estudio de Bowers y Pierce (1975) sobre la pena de muerte, en el cual se utiliza la misma información de Ehrlich, contradice la conclusión de este último.
En resumen, la mayoría de los estudios, a pesar de sus posibles limitaciones estadísticas, tienden a confirmar que la pena de muerte no es un disuasivo para reducir los crímenes. Entonces, ¿por qué hay gente que todavía respalda esta opción?
Una encuesta de opinión pública llevada a cabo a mediados de la década de los 1970 por Widmar and Ellsworth (1974) revela que el 90 por ciento de los ciudadanos que respaldan la pena de muerte en Estados Unidos, seguirían estando a favor de la misma aunque no detuviese el crimen. Tal parece que el viejo lema de "ojo por ojo y diente por diente" es el que impera en éstos.
¿Es costo-efectiva la pena de muerte?
 A pesar de que no parece existir un estudio de costos y beneficios sobre la aplicación de la pena de muerte en EE.UU., es conocido que la misma ha generado un proceso oneroso que ha "disparado" ascendentemente los costos y honorarios de los procesos judiciales. La experiencia dicta que la selección del jurado es más ardua y costosa; los juicios son más largos, tediosos y cargados de tecnicismos; la sentencia de muerte y la estadía en la prisión está recargada con un número mayor de demandas y contra-demandas de parte de grupos activistas; y además, se impone una carga emocional muy fuerte a los familiares y amigos tanto de los acusados como de las víctimas. Obviamente, las palabras del juez federal Alex Kozinski, que sirven de epígrafe a este trabajo, condensan magistralmente la efectividad económica de la pena de muerte, "es lo peor de todos los mundos".
Conclusión
 No existe una evidencia clara de que la aplicación de la pena de muerte sea un disuasivo al crimen. Tampoco parece ser costo-efectiva. Además siempre cabe la posibilidad de que un inocente sea ejecutado, como sucedió en marzo de 1988 con Wille Darden en Florida y en 1992 con Roger Coleman en Virginia.
En una sociedad democrática y supuestamente cristiana, la pena de muerte parece seguir el viejo lema de "ojo por ojo y diente por diente". ¿Es ésta la posición más correcta y acertada en una sociedad civilizada?

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