b134a.htm Diálogo Iberoamericano 2

LOS EJES FUNDAMENTALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
Por Ana María Ruiz-Tagle. Presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional

Nuestro ordenamiento jurídico cuenta desde sus más altas instancias con un reconocimiento expreso a la virtualidad de la cooperación, como parte de nuestra proyección exterior. Así ya en el preámbulo de nuestra Constitución se establece que la Nación española -y no solo el Estado- proclama su voluntad de "colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra".
Por su parte, el Gobierno de la Nación entiende que la más eficaz cooperación posible debe ser la que concurra en garantizar la estabilidad económica, democrática, social y demográfica de los países en desarrollo, sobre los que gravitan las principales amenazas a la seguridad y bienestar colectivos de la Humanidad.
Aunque parezca muy lejano en el tiempo, no debemos olvidar que hasta 1977 España fue un país receptor de fondos de ayuda para el desarrollo. Incluso durante los primeros años 80, se mantuvo por parte de los organismos internacionales una consideración ambigua en cuanto a la valoración sobre el nivel de desarrollo alcanzado por España.
Así, mientras que en 1980 el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraba a España incluida en el grupo de países desarrollados, nuestro país figuraba en 1981 como país con "desarrollo de renta media" en las estadísticas del Banco Mundial, y todavía en 1983, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico consideraba a España como "potencial receptor de AOD" (Ayuda Oficial al Desarrollo).

nuestra incorporación a la lista de los países que contribuyen solidariamente en la construcción de un orden mundial más justo es relativamente reciente

Quiero decir, que nuestra incorporación a la lista de los países que contribuyen solidariamente en la construcción de un orden mundial más justo es relativamente reciente. Este hecho constituye una de las razones que explican que el tanto por ciento del producto nacional bruto (PNB) dedicado a cooperación se haya visto incrementado a niveles homologables al resto de los países donantes sólo en los últimos años.
Dada la corta trayectoria de la cooperación española, ha sido preciso trabajar intensamente en ir definiendo las bases de un interés nacional desde el que generar políticas decididas de ayuda al desarrollo y para ello, nuestras dotaciones presupuestarias han aumentado en el curso de los últimos años como fiel reflejo de ese nivel de compromiso.
Más recientemente, la campaña en favor de retomar las recomendaciones de Naciones Unidas en favor de que España destine el 0,7% del producto nacional bruto para acciones de cooperación para el desarrollo, ha conseguido un enorme eco en los medios de comunicación, poniendo de manifiesto la preocupación solidaria de amplios sectores de la sociedad española.
En efecto, España es uno de los países cuya AOD ha crecido más, tanto en términos absolutos como relativos. Así, hemos pasado de destinar el 0,13% de nuestro producto nacional bruto (PNB) en 1982 a dedicar el 0,26% en 1994, habiéndose previsto alcanzar en 1995 la cifra del 0,35% del P.N.B. Es decir, en menos de 15 años, el esfuerzo español en recursos con destino a AOD se ha visto triplicado.

España es hoy el único país del mundo que aumenta sostenidamente en cantidades relevantes su gasto en cooperación para el desarrollo

De hecho, puedo asegurarles que de acuerdo con la información suministrada por el CAD, España es hoy el único país del mundo que aumenta sostenidamente en cantidades relevantes su gasto en cooperación para el desarrollo, mientras que otros países más ricos han congelado, cuando no reducido, el volumen dedicado a AOD.
Paralelamente a este incremento cuantitativo del gasto en AOD, que ha permitido a España situarse en el grupo de cabeza de los principales donantes internacionales, también hemos trabajado en conseguir que la presencia española en los organismos multilaterales se haya visto significativamente reforzada.
Asimismo, a lo largo de ese período y principalmente en los últimos años se ha ido produciendo en nuestro país la progresiva incorporación de la sociedad civil a las tareas de cooperación, alcanzándose un consenso social y político sin precedentes en la sociedad española en torno a la importancia de la cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional, sin el cual no hubiera sido posible el crecimiento espectacular de recursos dedicados a la misma.
Gracias a la iniciativa de las organizaciones ciudadanas más comprometidas con este tema, de instituciones públicas y privadas, de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, de las administraciones central, autonómica y local, así como de los órganos soberanos de representación popular -Congreso de los Diputados y Senado-, la cooperación para el desarrollo ha calado progresivamente en el tejido social y hoy se constituye en un elemento de cohesión social y un activo de primera magnitud en nuestro país.
En todo este proceso la participación de los poderes públicos ha jugado un relevante papel. La administración pública ha venido desarrollando una política de subvenciones, fomento y colaboración, tanto con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como con el resto de entidades de la sociedad civil, con el objeto de que estas organizaciones asuman un protagonismo creciente dentro de la cooperación.
En este sentido, puede decirse que existe una coincidencia en que el Estado no puede, por sí solo, protagonizar el esfuerzo nacional de cooperación para el desarrollo. La cooperación ha alcanzado el lugar e importancia que le corresponde en la medida en que la sensibilización ciudadana así lo ha entendido y demandado. Esta es una de las tareas que requieren el concurso de toda la sociedad.
No es suficiente, por tanto, que el Gobierno de la Nación alcance compromisos con la comunidad internacional, tal y como se han suscrito en Maastrich, sino que es preciso que los lleve a la práctica con el convencimiento social de su necesidad.
El Estado, como representante de los intereses colectivos, actuará en función de la importancia del debate público, en la medida en que la política de ayuda para el desarrollo implica el uso de recursos públicos limitados de los que tiene que dar cuenta justificando su uso y su conveniencia.
Por otro lado, también es cierto que el Estado es un agente más de la vida social y en ese sentido también, en cuanto que posee información sobre el calibre de estos problemas, tiene responsabilidades para tomar iniciativas y coadyuvar a la toma de conciencia pública sobre este asunto.
Sin embargo, el debate de los últimos años en cuanto a la ayuda española al desarrollo, ha estado marcado por argumentaciones en ocasiones simplistas o maniqueas, cuando no interesadas, tanto acerca de quién debería protagonizar la ayuda española al desarrollo, como en torno a una cifra concreta, como si el sólo hecho de dar ésta o aquélla cantidad fuera a resolver los complejos problemas que afectan a los países en desarrollo. No obstante, todos sabemos que a pesar de su importancia, los fondos de la ayuda al desarrollo representan, en la mayoría de los casos, solo una parte marginal de los flujos financieros y comerciales de los países en desarrollo.
Asimismo, a menudo se ha tendido a establecer una polémica, en ocasiones improductiva, sobre si es más o menos efectivo canalizar los recursos de cooperación para el desarrollo a través de los gobiernos o a través de las organizaciones no gubernamentales.
En mi opinión, ambas esferas son absolutamente necesarias y no parece conveniente que establezcamos una disyuntiva excluyente entre la ayuda al desarrollo financiada con fondos públicos y aquélla que se nutre de aportaciones privadas, ni entre la ayuda gestionada -total o parcialmente- por el Estado o por organizaciones privadas. Más bien al contrario, creo que todos coincidimos en la necesidad de ampliar los cauces de colaboración entre las iniciativas públicas y privadas, a fin de que ello redunde en garantizar a los ciudadanos una mayor eficacia y transparencia en los proyectos gestionados desde ambos espacios.
Precisamente una de las tareas de las que debemos ocuparnos en la actualidad es del establecimiento de adecuadas líneas de cooperación para el desarrollo públicas y privadas, así como la búsqueda de espacios comunes de intervención que multipliquen los efectos potenciales de la ayuda española al desarrollo en su conjunto.
En no pocas ocasiones, esta colaboración puede pasar por una "división del trabajo", que aproveche las características peculiares y de especialización de cada entidad para actuar en aquéllos campos en los que presenta un mayor potencial en términos de eficacia y eficiencia.
Así, por ejemplo, la mayor capacidad financiera del Estado, que le permite acometer proyectos de mayor envergadura, puede y debe perfectamente complementarse con la mayor capacidad que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo muestran para establecer contactos estrechos y conocer más de cerca los problemas y procesos en que están inmersos los colectivos más desfavorecidos.

desafío: dotar a la cooperación para el desarrollo de los necesarios niveles de eficacia y transparencia, de forma que el incremento cuantitativo de las partidas de AOD vaya acompañado de una mayor calidad de la cooperación

El desafío que ahora se nos presenta, es dotar a la cooperación para el desarrollo de los necesarios niveles de eficacia y transparencia, de forma que el incremento cuantitativo de las partidas de AOD vaya acompañado de una mayor calidad de nuestra cooperación y del establecimiento de una estrategia de desarrollo que, ya en estos días, responden a los planteamientos y las líneas de acción acordados en las Cumbres Mundiales de los últimos años.
La reciente creación del Consejo de Cooperación para el Desarrollo, en el que se debaten y acuerdan las líneas directrices de la política española de ayuda al desarrollo, con una significativa, participación de distintos sectores de la sociedad civil, constituye, sin duda, un paso muy importante para responder a esa exigencia.
Otro reto de futuro que, en mi opinión, es un problema que
afrontan en general las instituciones que operan en el ámbito de la ayuda al desarrollo, es aquél que se refiere a la necesidad de contar con estructuras y procedimientos de gestión adecuados.
La cooperación para el desarrollo, al igual que otros muchos campos de actividad, goza de una especificidad propia que es necesario tener muy en cuenta. Cooperar para el desarrollo significa por un lado, relacionarse con grupos de población que con frecuencia cuentan con sistemas de valores muy diferentes a los nuestros y, por otro, poner en marcha programas y proyectos a medio y largo plazo en entornos difíciles y en constante transformación.
Esas peculiaridades deben traducirse en la puesta en marcha de sistemas de gestión acordes con su naturaleza. En efecto, la eficacia de la cooperación para el desarrollo no descansa exclusivamente en la cuantía de la ayuda que reciben los beneficiarios, sino que también, y principalmente, depende de la calidad de la gestión.
Se hace ineludible disponer de procedimientos específicos, como una buena planificación, mecanismos para el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos y criterios bien establecidos acerca de la relevancia, eficacia y viabilidad de las acciones de desarrollo que se emprenden.
La mejora en los procedimientos de gestión requiere ir acompañada de la mayor especialización, tanto de las entidades como de los recursos humanos destinados a realizar labores de cooperación. Una buena cooperación para el desarrollo exige dirigirse hacia aquéllas áreas en las que se cuenta con una mayor cualificación y experiencia, algo que desafortunadamente no siempre sucede.
Afortunadamente, en nuestro país vamos contando con un número cada vez mayor de personas formadas en este tema, gracias a la experiencia práctica adquirida en los últimos años, así como a la creciente oferta de formación normada impartida por distintas entidades: la propia Administración, universidades, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, en mi opinión, debemos continuar avanzando en este proceso, hasta alcanzar mayores niveles de profesionalización.
Todo lo anterior, obviamente, requiere dedicar a la cooperación una parte significativa de los recursos, no sólo monetarios, sino también de tiempo, que, si son utilizados adecuadamente, redundarán sin duda en una mejora de los niveles de eficacia y eficiencia de la ayuda.
Serán, por consiguiente, los programas y proyectos de la cooperación española, tanto oficiales como los desarrollados por las organizaciones no gubernamentales, y los contenidos de los mismos, es decir, sus metodologías y objetivos, los que permitan asentar entre la ciudadanía y sus organizaciones representativas la necesidad de fortalecer los mecanismos y dotaciones para impulsar la cooperación.
En resumen, no solamente la capacidad de obtención de recursos financieros -la cantidad-, sino también y muy especialmente, la especialización y la mejora de los sistemas de gestión -la calidad- se constituyen en los pilares básicos sobre los que construir una organización eficaz en materia de ayuda al desarrollo.
En mi opinión, el establecimiento de unos procedimientos de gestión adecuados al importante volumen de recursos que las ONGD (Organizaciones no Gubernamentales al Desarrollo) y fundaciones ya están gestionando, no debe ser identificado automáticamente con un exceso de burocracia en el sentido peyorativo del término, sino más bien al contrario, como el control que garantiza a los ciudadanos el correcto uso de los fondos utilizados por estas instituciones.

tan importante es aumentar las partidas destinadas a la cooperación para el desarrollo, como ofrecer información transparente sobre el resultado logrado con los distintos programas y proyectos

Por eso resulta imprescindible explicar a toda la sociedad que tan importante es aumentar las partidas destinadas a la cooperación para el desarrollo, como ofrecer información transparente sobre el resultado logrado con los distintos programas y proyectos.
Digo esto, por que aún compartiendo la filosofía de las reivindicaciones sociales expresadas en favor de dedicar el.O,7% del PNB a ayuda al desarrollo, creo imprescindible que el debate sobre la política española de cooperación también se ocupe de reflexionar sobre los procedimientos de gestión, las prioridades tanto geográficas como sectoriales, el impacto sobre las poblaciones y, en general, de todo un amplio conjunto de aspectos que inciden sobre la calidad de la cooperación.
Creo firmemente que la tarea prioritaria de la ayuda para el desarrollo en los próximos años -que en mi opinión justifica y explica su necesidad- será seguir poniendo en marcha políticas y programas concretos que contribuyan a asegurar que el acceso de toda la población a los servicios sociales necesarios, sin los cuales no puede hablarse de un verdadero desarrollo, queda garantizado de forma estable y duradera.
Por lo tanto, invertir en objetivos prioritarios básicos en sectores tan directamente relacionados con el desarrollo del ser humano como son la educación y la salud, además de asegurar la cohesión social con las adecuadas políticas de empleo, combatiendo decididamente la marginación y la pobreza, serán los ejes y líneas de acción en los que necesariamente tendrá que basarse esta nueva estrategia.
Deberá ponerse en marcha una plataforma de acción de la que se deriven medidas y compromisos concretos para los Gobiernos, tanto a nivel global, como regional y nacional, para las organizaciones no gubernamentales y para todas las instituciones privadas en general, asegurando un seguimiento en el proceso de ejecución de estas políticas para comprobar su impacto en el desarrollo y su adaptación, a los cambios que se produzcan.
En todo caso, parece seguro que la política española de cooperación para el desarrollo deberá descansar sobre dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, es necesario reconocer que a la hora de abordar las distintas acciones de cooperación debemos tener presente no sólo la voluntad de nuestra sociedad, sino también, y sobre todo, la realidad de los países con los que cooperamos, sus poblaciones, su proyecto político y social, su aptitud y capacidad real para canalizar y administrar los fondos otorgados en aquellos sectores y áreas por ellos determinados, así como un conjunto de factores que, en definitiva, forman parte de la soberanía de los pueblos en su más amplio sentido.
En segundo término, la responsabilidad de la acción de cooperación ha de extenderse para incluir a todos los grupos sociales que actúan como donantes, tanto desde la sociedad civil, como desde las instituciones públicas, de manera que seamos capaces de constituir un frente común, sobre la base del diálogo y la concertación, para hacer de nuestra política de cooperación el espacio de solidaridad que la realidad de los países en desarrollo demanda.
Pero sobre todo no debemos olvidar que si ahora nos podemos plantear nuevas iniciativas, es porque la cooperación española ha realizado un gigantesco esfuerzo de adecuación en la última década.
Si queremos alcanzar metas más ambiciosas, es preciso dar un salto cualitativo en el impulso social en el que apoyarse y sobre el que definir su carácter.
La construcción y consolidación de un consenso social y político, junto con una amplia participación y la corresponsabilidad de todos los que trabajamos en esta apasionante materia son, a mi entender, elementos esenciales para dotar a la solidaridad de operatividad y eficacia, de manera que supere su dimensión ética, convirtiéndose en un verdadero factor de desarrollo integral y sostenible.

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